Del vaso familiar al colapso hospitalario

del vaso familiar al colapso hospitalario 

Un impuesto para las bebidas carbonatadas y la industria del azucar... 

Publicado en la Revista del Instituto Centroamericano de Administración Pública

    En los años 80`s especialmente los domingos se reunía toda la familia a la hora de la comida y en las celebraciones o fiestas de cumpleaños, el momento más esperado era cuando se servía la soda. En casa, un litro de soda alcanzaba para toda la familia (4 – 5 integrantes). Con el tiempo, la industria modificó el habito de los consumidores invirtiendo en negocios externos para  incrementar las ventas de la soda (producto principal),  re diseñando los vasos. En muchos supermercados empieza la venta de vasos con mayor capacidad a los que se hacían anteriormente y las familias sustituyeron paulatinamente sus vajillas por estos nuevos productos y sin darse cuenta, el litro de soda alcanzaba para menos vasos, por lo que era indispensable comprar dos botellas de litro y justo en el mercado se lanza la presentación de litro y medio y dos litros de soda.

    Esa transformación cultural no ocurrió al azar. Fue impulsada por inversiones millonarias en marketing a través de la publicidad en las películas del momento y artistas de moda presentando la sensación burbujeante y refrescante de los sabores de cola, uva, naranja, fresa y toronja bombardeó a la generación X provocando el aumento el consumo hasta llegar a que fuera normal en las personas y ya no había que esperar un domingo familiar, una fiesta de cumpleaños o una celebración para poder degustar tan refrescante bebida. La “normalización” del consumo trajo consecuencias que apenas hoy se empiezan a visibilizar: una epidemia silenciosa de enfermedad renal crónica (ERC), alimentada por el alto consumo de fructosa presente en bebidas azucaradas.

    Históricamente, las causas principales de ERC eran la glomerulonefritis, la hipertensión y, en menor medida, la diabetes. Hoy, sin embargo, los patrones han cambiado. Un estudio publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology (Rebholz et al., 2019) encontró que las personas con alto consumo de bebidas endulzadas con azúcar tienen un 61 % más de riesgo de desarrollar ERC que aquellas con consumo bajo. La fructosa —azúcar común en sodas y jugos ultraprocesados— no solo promueve la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, sino que también eleva los niveles de ácido úrico, un factor directamente vinculado a la disfunción renal.

    Actualmente las ERC son la segunda causa de muerte en Centroamérica y el Caribe según la Fedefarma (basado en datos de salud regional) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) menciona a los Países que se destacaron por tener las tasas estandarizadas de mayor mortalidad por ERC en 2019 en América Latina son Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala. Entrando mas a detalle, la Tasa de Mortalidad de ECR para el 2019 en Nicaragua (57.3 por cada 100 mil hombres) y en Guatemala (33.1 por cada 100 mil hombres). Estos datos no se quedan allí, porque se estima que en Guatemala unas 750 personas por cada millón de habitantes sufren ERC, ubicándolo entre los países con mayor prevalencia en América Latina.

    La creciente demanda de personas que presentan enfermedades relacionadas a ERC, obesidad y diabetes mellitus, provoca la ineficiencia de los Estados en la atención a los enfermos, colapso de instalaciones y/o poco o nulo equipo y personal medico especializado que pueda contener el incremento de esta epidemia y, por ende, hace insostenible el tratamiento de hemodiálisis para los pocos afortunados que lograron obtenerlo. Los gobiernos tratan de destinar más recursos sus respectivos ministerios de salud y a pesar de ello, esta epidemia va en crecimiento y aunque destinen más recursos, éstos, no alcanzarán.

    Los sistemas de salud están al límite. No solo por el número de casos, sino por la cronicidad y el alto costo del tratamiento: una sola sesión de hemodiálisis oscila, según el país, entre USD 50 y USD 150 —y se requieren tres por semana. Las listas de espera se alargan, el personal especializado es escaso, y la infraestructura colapsa. Los gobiernos responden incrementando los presupuestos del sector salud, pero los recursos siguen siendo insuficientes:

Consideraciones Importantes

1. Diferencia de Cifras: Los porcentajes y montos varían significativamente por la estructura del gasto de cada país. Por ejemplo, el dato de Honduras (5.4%) se refiere al total de la Administración Pública, mientras que Nicaragua y El Salvador a menudo consolidan su gasto social en sectores específicos, resultando en porcentajes aparentemente más altos.
2. Guatemala (Base 2023): Guatemala inició el 2024 ejecutando el presupuesto aprobado para 2023 (Q127,657.9 millones), ya que la ley de presupuesto 2024 fue vetada/no aprobada inicialmente. El monto para el Ministerio de Salud (MSPAS) es una cifra indicativa.
3. Costa Rica (CCSS): El bajo porcentaje de Costa Rica (3.2%) se debe a que la mayor parte del gasto en salud del país lo maneja la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una entidad semi-autónoma que se financia primariamente a través de cuotas obrero-patronales, y solo una porción menor va directamente al presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA). Por lo tanto, el gasto real en salud es mucho mayor en porcentaje del PIB.
4. Honduras (SESAL): La cifra de L21,826.4 millones es para la Secretaría de Salud (SESAL) dentro de un Presupuesto de la Administración Pública Central mucho más grande.

    Mientras los Estados luchan por sostener sus sistemas de salud, la industria de bebidas azucaradas prospera. El mercado latinoamericano de bebidas carbonatadas alcanzó los USD 60 490 millones en 2024, con proyecciones de crecimiento del 2 % anual en la próxima década (Statista, 2024). En Centroamérica, las exportaciones del sector alimentos y bebidas sumaron USD 7 469.8 millones en 2022 (CIG, 2023). Solo en Guatemala, el valor anual del mercado de bebidas no alcohólicas supera los USD 515 millones, con un crecimiento promedio del 4.5 % anual en los últimos ocho años (FUNDESA, 2023). El país es, además, el mayor importador y exportador regional del sector.

    Ante este panorama, es urgente repensar la relación entre producción, consumo y responsabilidad social. No se trata de criminalizar a las empresas —ni de ignorar su aporte económico—, sino de reconocer que quien genera una externalidad negativa debe contribuir a su reparación. Esto no es innovación: ya lo hacen México (impuesto a bebidas azucaradas desde 2014), Chile (etiquetado frontal y restricciones publicitarias), Ecuador y Colombia (impuestos selectivos con fines sanitarios).

    Proponemos entonces la creación de un impuesto específico sobre bebidas azucaradas y sobre la producción industrial de azúcar refinada, cuyos recursos se destinen exclusivamente a:

• Prevención y detección temprana de ERC en zonas de alto riesgo (costa sur de Guatemala, región del Pacífico en Nicaragua y El Salvador);
• Dotación de equipos de diálisis y capacitación de personal en hospitales públicos;
• Campañas educativas sobre hidratación saludable y consumo responsable.

    Este mecanismo fiscal no busca eliminar la industria, sino reorientar incentivos: que parte del valor económico generado por un producto con altos costos sociales se reinvierta en la salud de quienes lo consumen —y, sobre todo, en quienes ya sufren sus consecuencias.

    Como bien señala la literatura en economía de la salud, “no se puede financiar la prevención con los restos del presupuesto” (OECD, 2021). Necesitamos fuentes de financiamiento innovadoras, sostenibles y justas. Un impuesto con destino específico para la ERC no es una medida punitiva: es un acto de justicia intergeneracional… y una inversión en la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud públicos.

Para finalizar: como autor de este artículo, no propongo este impuesto desde la confrontación, sino desde la convicción de que una política pública justa debe equilibrar libertad de mercado, responsabilidad corporativa y derecho a la salud.  

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Referencias Detalladas

1. Rebholz, C. M., Crews, D. C., Grams, M. E., et al. (2019). Sweetened beverage intake and incident chronic kidney disease: the Jackson Heart Study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 14(2), 248–254. https://doi.org/10.2215/CJN.03380318
   
   
2. Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2019). Cuantificación de la carga de la enfermedad renal crónica en América Latina: una epidemia invisibilizada. Revista Panamericana de Salud Pública, 43, e130. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.130
   
   
3. Fundación para el Desarrollo de Guatemala [FUNDESA]. (2023). Infografía: Mercado de bebidas no alcohólicas en Guatemala. https://www.fundesa.org.gt/infografias
4. Statista. (2024). Soft drinks market in Latin America – revenue forecast. https://www.statista.com/outlook/cmo/non-alcoholic-beverages/soft-drinks/latin-america
   
   
5. Central American Integration System & CentralAmericaData. (2023). Exportaciones de alimentos y bebidas en Centroamérica, 2022. https://www.centralamericadata.com
   
   
6. OCDE. (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
   
   
7. González, B. I., & Pardo, R. (2021). Impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en la enfermedad renal crónica. Nefrología, 41(2), 131–135. https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.09.004
   
   
8. Peraza, S., et al. (2016). Enfermedad renal crónica de origen no tradicional en Mesoamérica: una enfermedad desencadenada principalmente por el estrés térmico ocupacional. Revista Panamericana de Salud Pública, 39(1), 12–19. https://iris.paho.org/handle/10665/204413